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MÉXICO, D.F. (Proceso).- Tijuana es hoy considerada por las autoridades, y presumida por el presidente Calderón, como un “modelo de seguridad”, ya que en los últimos tres años la violencia provocada por el crimen organizado ha descendido dramáticamente, si observamos la cifra histórica de muertos en 2008 (844 personas) y la disminución de los años siguientes: 2009, 664 muertos; 2010, 817; 2011, 470, y en lo que va de este año, hasta las primeras semanas del mes de julio, 190 muertos.
Hay dos explicaciones oficiales para este “modelo de seguridad”. Según las autoridades estadunidenses, la violencia disminuyó porque la organización criminal que hoy controla casi toda la actividad del narcotráfico en Tijuana, el cártel de Sinaloa, no tiene depredadores enfrente, lo que le ha permitido un control sin problemas del territorio y una utilización de la violencia mínima. Para las autoridades mexicanas, la violencia decreció gracias al trabajo de los militares y policías en la detención de delincuentes y decomisos de drogas. Nosotros no compartimos estas opiniones.
En la parte moderna de la ciudad, vecina de las áreas más tradicionales, residencia de la clase política y financiera –donde están localizados los centros comerciales más importantes, cines, la zona gastronómica y el monumental centro cultural–, la violencia escandalosa provocada por el crimen organizado desapareció; pero la historia no es la misma para el resto de la ciudad, principalmente en el este, hacia donde se extiende la mancha urbana, residencia de la clase popular y trabajadora, donde también aparecen desarrollos urbanos que, como fortalezas, bardeados y con seguridad, se ven rodeados de decenas de colonias pobres. En esas colonias, donde vive la mayoría de los casi 2 millones de tijuanenses, la violencia no ha desaparecido. Los muertos, en promedio de uno diario, ya no son personas asesinadas en formas aberrantes: decapitados, desmembrados, incinerados, sino abatidos a balazos, y sólo en casos excepcionales de otra manera.
Hay un sentido de clase social diferenciado en las zonas donde disminuyó la violencia y en aquellas donde continúa desarrollándose. Si bien los tijuanenses ya no hemos sido testigos de las formas brutales de ejecuciones que mencioné y que por años fueron comunes, tampoco la clase media y alta es ya el blanco del secuestro, lo cual provocó en la década de los 90 y el nuevo milenio que más de 2 mil familias cruzaran la frontera a las ciudades vecinas de Estados Unidos, donde casualmente algunos encontraron que sus vecinos, en colonias residenciales de lujo, eran también familias de narcotraficantes mexicanos y, en ocasiones, los mismos narcotraficantes. No sabemos cuántas, pero un número importante de esas familias han regresado a Tijuana.
Lo que ha sucedido es un acuerdo de conveniencia entre los nuevos actores del crimen organizado. Por casi dos décadas Tijuana estuvo bajo el monopolio y control del cártel de los hermanos Arellano; sin embargo, el arresto y la muerte de sus líderes históricos provocaron una disminución de su capacidad como organización –ahora liderada por una segunda generación, uno de los sobrinos de los Arellano– y de su poder operativo, producto de un desgaste de 20 años de vida, por lo que sus integrantes se vieron obligados a compartir el territorio con su enemigo histórico, el cártel de Sinaloa. Éste, sin hacer mucho ruido, lentamente fue asentándose en Baja California desde los primeros años del nuevo milenio, primero en la capital del estado, Mexicali, y finalmente en Tijuana, la joya de la corona para el cártel de los Arellano.
Los Arellano pudieron haber elegido enfrentarse violentamente con el cártel de Sinaloa, como lo hicieron en el pasado en otras partes del país, pero esta nueva generación de delincuentes optó por un enfoque empresarial y de negociación, considerando la violencia como recurso último, con el fin de compartir Tijuana para que el negocio de las drogas continúe siendo exitoso.
En Tijuana, de los últimos 20 años, el de 2008 ha sido el más violento (844 muertos), debido a que un grupo de delincuentes, liderados por El Teo y su pandilla –quienes trabajaron para el cártel de Los Arellano hasta que tuvieron dificultades–, se asociaron con el cártel de Sinaloa y provocaron una violencia fuera de control, terminando por volverse incómodos para todos, incluso para el cártel de Sinaloa, ya que el negocio de las drogas empezaba a implicar serios problemas de operación, atrajeron la atención de autoridades estadunidenses y Tijuana fue objeto de una enorme atención mediática. Así que finalmente fueron arrestados algunos de sus líderes y muertos otros, creando las condiciones y espacios para que los nuevos actores llegaran a acuerdos de conveniencia para pacificar la ciudad.
En este “modelo de seguridad” se conjugaron dos factores: el rol de los militares y policías en su lucha contra la delincuencia, con intentos por depurar a las policías estatales y municipales, y el factor de mayor peso, un acuerdo entre los delincuentes para reducir la violencia a su mínima expresión. Es importante mencionar también que un sector de la sociedad ha tenido un rol importante al dar una respuesta consciente o inconsciente a la violencia, pues mientras ésta se incrementaba, paralelamente crecían las actividades culturales, con un boom de poetas, escritores, músicos, pintores, galerías, conferencias, etcétera.
A diferencia de lo que ocurre en otras ciudades del país, en Tijuana el crimen organizado no controla el negocio del tráfico de personas, disminuido desde años atrás, y tampoco la prostitución, aunque ha incursionado en el secuestro de jóvenes para la trata de personas y cobra derecho de piso a varios bares, pero no controla en general la prostitución. Sus integrantes controlan la venta de las drogas en las calles, cobran impuestos a empresarios y practican secuestros con pequeños empresarios que generalmente son desconocidos, sin contactos con la élite política, social o financiera, de modo que no impactan a la sociedad porque sus casos son públicamente desconocidos. Los muertos diarios hoy son personajes irrelevantes en la estructura de la delincuencia, pues de acuerdo con la autoridad el 80% de ellos fueron personas vinculadas a la venta de la droga en las calles de la otra Tijuana, no de la parte moderna de la ciudad.
Cuando la autoridad presenta la reducción de la violencia en Tijuana como un “modelo de seguridad”, explica sólo una parte del fenómeno al describir la intervención de fuerzas federales, la depuración de policías locales, la renovación de ministerios públicos, la implementación del nuevo sistema de justicia penal, así como los limitados programas sociales en colonias marginadas, la escasa inversión en infraestructura y algunas actividades culturales; pero no revela cómo se estableció el cártel de Sinaloa, si por años sólo hubo uno, el de los Arellano, y cómo ambos se relacionan; tampoco, cómo es que La Familia Michoacana tiene también presencia, aunque no control del negocio de las drogas, ya que paga derecho de piso para el cruce de metanfetaminas a Estados Unidos. El “modelo de seguridad” oficial no explica las nuevas relaciones de poder a partir de los acuerdos entre los cárteles y su articulación con autoridades y sectores políticos y financieros, pues de unos necesitan protección y de otros información privilegiada y actividades de lavado de dinero.
Este “modelo de seguridad” ha funcionado con éxito. En los últimos tres años, la Tijuana moderna se ha vuelto más tranquila. Sin embargo, en el mercado hay abundancia de drogas. El 85% de los adictos consume metanfetaminas, cuyo precio se ha mantenido inalterable desde antes del 2008; el número de adictos a las drogas crece, de acuerdo con los centros de rehabilitación privados, aunque la autoridad afirma que disminuye; la policía y los militares continúan decomisando drogas, pero sus decomisos no impactan el mercado ni provocan escasez ni aumento de precios; el arresto ocasional de personajes de poca monta del crimen organizado no altera para nada sus actividades, ya que se trata de operadores callejeros, no de los delincuentes de cuello blanco, vinculados a los sectores políticos y financieros, a quienes hasta ahora, como sucede en la “guerra contra las drogas”, el gobierno no se atreve a tocar.
Estamos frente a un “modelo de seguridad” con una nueva generación de delincuentes que tienen una visión empresarial del crimen organizado y capacidad para llegar a acuerdos entre ellos, incluyendo los relativos a la disminución de la violencia a su mínima expresión, además de relaciones de convivencia con los poderes público, político y financiero. Se trata en suma de un modelo que pudiera estarse reproduciendo en otras partes del país, pues con él todos salen ganando: la sociedad, porque ve disminuida la violencia; y el crimen organizado y las autoridades, políticos y empresarios corruptos, porque ven incrementadas sus ganancias. l
*Víctor Clark Alfaro es profesor en San Diego State University (SDSU) y director del Centro Binacional de Derechos Humanos (Tijuana).
Siempre resultará incómodo desde todo ángulo tener que recurrir a medios como este para externar una preocupación legítima, máxime cuando esta surge desde el abandono, la marginación, la represión y el dolor histórico que pesan sobre las heridas latentes de nuestros pueblos y comunidades. Jamás en nuestra forma de ver y entender este mundo lograremos explicarnos tanta osadía por parte de algunos gobernantes que aún pese a la petición, el reclamo, la exigencia y el vendaval que representa la ira popular, cierran cualquier posibilidad de un diálogo capaz de construir soluciones, porque acuerdos no necesitamos con aquellos que malgobiernan a nuestros pueblos.
