Piden políticas públicas para el sector en la ciudad de México.
Notimex
Publicado: 07/08/2012 11:51
México, DF. En el Distrito Federal habitan ocho millones 851 mil 080 personas de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI, cifra de la que aproximadamente 122 mil 411 personas son indígenas, lo que representa 1.5 por ciento de la población capitalina.
A esa cantidad se calcula que cada año se suman siete mil más, quienes migran a la ciudad por la falta de empleo en sus lugares de origen, aunque al llegar a la capital del país a esa problemática suman la falta de servicios y la discriminación.
En un diagnóstico sobre la situación de estos pueblos a 2007, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) señaló que la mayoría de los indígenas que habitan en la ciudad proceden de estados como Oaxaca, Puebla, México, Hidalgo, Veracruz, Guerrero, Querétaro y Guanajuato.
Al llegar a la capital del país, la mayor cantidad se concentra en las delegaciones Iztapalapa, con 30 mil 266 indígenas; Gustavo A. Madero con 14 mil 977; Cuauhtémoc, 11 mil personas y, Tlalpan, con 10 mil 290, de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (Sederec) del Gobierno del Distrito Federal.
Según la dependencia, en la ciudad persisten al menos 55 de las 68 agrupaciones lingüísticas que existen en el país, entre las que predominan el náhuatl, mixteco, otomí y mazateco, lo que hace de la capital del país el conglomerado plurilingüístico más complejo de México.
De acuerdo con especialistas en materia de discriminación, la migración indígena a las ciudades no sólo ocasiona pérdida de cultura e identidad sino también constante violación a sus derechos fundamentales, tanto por el resto de la ciudadanía como por las mismas instituciones, con la falta de políticas públicas para atender sus necesidades básicas de empleo, salud y educación.
La discriminación laboral hacia este sector permanece latente en la ciudad, pues como menciona Bulmaro Ventura, representante legal de la AMICM, se les cierran las puertas de la economía moderna, con empleos mal pagados y que impiden su desarrollo.
De acuerdo con la Asamblea de Migrantes Indígenas de la Ciudad de México (AMICM), varios de sus integrantes de origen zapoteco, mixe, mixteco, nahua, triqui, y de otras etnias culminan licenciaturas, maestrías y doctorados, pero “no hay trabajos”, y atribuye a discriminación que a la mayoría no se les considera para ocupar puestos de mando o decisión en los centros laborales.
Ventura explicó en entrevista que hay falta de visión y apoyo empresarial por parte de los gobiernos, tanto federal como locales, lo que orilla a los indígenas a sobrevivir con una incosteable economía artesanal que los encasilla en empleos como ambulantes, mozos, mandaderos u obreros.
Según el diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas de la CDHDF, el ambulantaje en las calles y estaciones del metro es la actividad más practicada por los indígenas, con predominancia entre las mujeres, así como el trabajo doméstico en delegaciones como Coyoacán, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón.
La discriminación hacia los indígenas no se limita a los señalamientos y críticas por su origen, costumbres, modos de hablar o vestir, sino también a la falta de oportunidades en todos los ámbitos, con énfasis en el laboral.
Por ello, y debido a que la población indígena ha aumentado en los últimos años en la capital del país, la subdirectora de Estudios y Políticas del Conapred, Lucila Polo Herrera, consideró necesario crear políticas públicas especializadas para este sector.
En entrevista, la especialista del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), señaló que los migrantes indígenas en la ciudad de México están expuestos a una discriminación múltiple, pues además de enfrentar rechazo por su condición o por el género, se les margina para hacer trabajos con sueldos menores.
En su opinión, sí se puede hablar de una discriminación institucional hacia las personas indígenas pues la lucha contra este fenómeno es reciente, “hace apenas 10 años” cuando se creó el Conapred, por lo que aún son constantes los casos en los que las mismas dependencias incurren en esta práctica, aunque no intencionalmente.
Al respecto, la también licenciada en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) indicó que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, en coordinación con otras instituciones, imparte talleres para concientizar a los funcionarios públicos sobre la atención a personas indígenas.
En ese sentido, Polo Herrera consideró que una década es “poco tiempo” para crear mecanismos jurídicos hacia una adecuada defensa de las personas indígenas y sus derechos, por lo cual, argumentó, “aún se están sentando las bases”.
Apuntó que uno de los campos en donde más se observa la discriminación a los indígenas sigue siendo el sistema de impartición y procuración de justicia, por la falta de traductores y especialistas que auxilien a los acusados, por lo que revertir esta situación “es el reto del Estado”.
También subrayó que en la medida que no haya políticas públicas suficientes para este sector de la población en los centros urbanos, no sólo en el Distrito Federal, sino en los estados, será difícil acabar con los prejuicios y discriminación hacia las personas indígenas.
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